La Corte Plena costarricense acordó solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, lo que busca que ambos funcionarios afronten una acusación por un presunto delito de concusión.

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La acusación, presentada por la Fiscalía General el pasado 7 de abril, se centra en un contrato valorado en 405.800 dólares financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según la tesis fiscal, Chaves habría pedido o inducido al empresario Christian Bulgarelli a entregar $32.000 a su exasesor de imagen, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, a cambio de la adjudicación de este contrato.

El contrato señala que la empresa de Bulgarelli, RMC La Productora S.A., prestaría servicios de comunicación, mercadeo y consultoría estratégica para la Presidencia de la República de Costa Rica durante el período 2022-2026.

La investigación de la Fiscalía se apoya en parte en los denominados «Audios de la Presidencia», una serie de grabaciones de reuniones sostenidas en Casa Presidencial.

Aunque Bulgarelli, por su parte, recibió un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía, comprometiéndose a colaborar eficazmente con el proceso penal a cambio de la suspensión de la persecución penal en su contra; el BCIE lo sancionó a él y a su empresa con un veto de siete años en junio de 2024 por «prácticas prohibidas de fraude y colusión«.

El ministro Jorge Rodríguez Vives, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como jefe de Despacho del presidente Chaves, también está acusado por los mismos hechos.

Ahora, el proceso recae en la Asamblea Legislativa; ya que la Corte Plena remitirá la solicitud al Congreso para que este analice el expediente. Los diputados deberán crear una comisión para analizar el caso y emitir una recomendación sobre si se levanta la inmunidad o no.

El reglamento del Congreso establece que el informe de la comisión debe ser leído, y tanto el presidente Chaves como el ministro Rodríguez Vives podrían comparecer si así lo deciden.

Finalmente, se llevará a cabo una votación en el plenario, y se requerirán al menos 38 votos a favor para que se apruebe el levantamiento de la inmunidad.

Si la Asamblea Legislativa no alcanza los 38 votos necesarios, el Poder Judicial tendría que esperar a que los acusados concluyan su periodo de gobierno para juzgarlos como a cualquier otro ciudadano.

El delito de concusión está tipificado en el artículo 355 del Código Penal y sanciona con penas de 2 a 8 años de prisión al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligue o induzca a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial.

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